Home / Lopez Obrador y la 4° Transformación de México en tiempos del Covide 19
Resumen:
18 meses han transcurrido tras la elección de Andrés Manuel Lopez Obrador
Esta elección ha sido calificada como histórica por lo que ha significado: la caída del sistema erigido por el Partido Revolucionario Institucional desde 1929 y apuntalado por la derecha representada por el Partido de Acción Nacional (PAN) en los años 2000 – 2006. El PRI que había logrado regresar al poder en 2012 se encuentra hoy en el peor de sus momentos: las elecciones de 2018 lo han dejado en 16%. El PAN alcanzo en esas elecciones 22% en alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este último es parte de la de la oposición al gobierno de Lopez Obrador no es más que la sombra de lo que fue y ha estado a punto de desaparecer en tanto que partido con registro legal al haber alcanzado a penas 5%
El episodio de la pandemia de Covide19 ha servido a la oposición para lanzar una nueva ofensiva contra el gobierno de AMLO. Las críticas se concentran en cada una de las decisiones que toma el presidente para enfrentar la fuerte sacudida que se acerca y que hará que la economía mexicana pierda entre 6% y 8% de su PIB. La oposición ataca igualmente la estrategia de la Secretaría de la Salud para enfrentar la pandemia y cualquier error en el terreno medico se convierte en un motivo más para descalificar al gobierno.
La debilidad de los partidos de la oposición PAN, PRI y PRD ha creado un vacío que están ocupando las organizaciones patronales.
1. Objetivos, desafíos, estrategia, logros
Andrés Manuel Lopez Obrador ha declarado varias veces su objetivo de sacar al país del neoliberalismo que domino durante 40 años. Sus principales objetivos, rápidamente resumidos, son:
Desmantelar el sistema priista, acabar con la corrupción, la impunidad y llevar a cabo una política de combate de la pobreza y las desigualdades en la que vive más de la mitad de la población. El 1% de los mexicanos más ricos poseen 40% de las riquezas del país mientras que 50%, los 65 millones de pobres tienen acceso a solo 3,5% de la riqueza.
Concretamente las medidas económicas, políticas y sociales con las que el presidente Lopez Obrador cuenta transformar al país son:
Se detiene la privatización de la compañía nacional Petróleos de México PEMEX en la que se está invirtiendo para hacer de ella un vector de desarrollo del país. La Compañía Federal de Electricidad CFE también está siendo revitalizada con inversiones nuevas, el proyecto para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha sido anulado y los contratos licitados de manera obscura y con favoritismos con empresarios amigos del gobierno del PRI han sido anulados. Un nuevo aeropuerto será construido con nuevas licitaciones a 45 kilómetros de la Ciudad de México. Esta decisión tuvo un costo elevado por que el gobierno tuvo que indemnizar a los inversionistas de una obra que ya había empezado.
Las instituciones están siendo renovadas: Lopez Obrador desea separar el poder político del poder económico. Los privilegios y la impunidad para lo que él llama “la mafia del poder” se acaban.
De la misma manera la separación de los poderes Ejecutivo, legislativo y judicial es efectiva. Se acaba el poder absoluto del ejecutivo que fue característico de los años de los gobiernos anteriores y las cámaras están jugando un papel verdaderamente autónomo incluso a veces yendo más lejos que las proposiciones del ejecutivo.
Habrá una consulta nacional a medio mandato para someter al presidente de la República al voto popular que abre la posibilidad de revocarlo de sus funciones. El salario del presidente y de los altos funcionarios han sido disminuidos de manera significativa como medida ejemplar de austeridad.
El presidente y los altos funcionarios no tendrán más fuero y podrán ser sometidos a juicio. Esta es una de las medidas que se han tomado para combatir la corrupción que, según Lopez Obrador han costado al país 500 mil millones de pesos (20 mil millones de euros) y que podrán ahora ser destinados a las políticas para el desarrollo del país. Lopez Obrador ha propuesto una política de “Austeridad republicana” que reduce los gastos suntuarios, los grandes lujos y grandes salarios de los que ejercen el poder y tienen cargos públicos. El presidente y miembros del gobierno no disfrutarán más de aviones, helicópteros y autos de función y deberán viajar en vuelos de línea.
Esta política de austeridad tiene varias aristas y ha suscitado protestas, pero también apoyos. Lopez Obrador anuncio desde su elección la desaparición de unos 200 mil puestos de trabajo en la función pública. La política clientelista del régimen ubicaba en las dependencias del estado empleos ficticios par allegados, familiares y amigos, se trata de los famosos “aviadores” que solo pasaban por las oficinas el día de paga. Lopez Obrador anuncio desde el primer día de su gobierno que un gran número de puestos iban a desaparecer empezando por 70% de los contratos “de confianza”, es decir “contractuales” que no hacen parte de la función pública.
La Cultura, la investigación y la Educación Superior pierden una parte de sus presupuestos y se les pide a los interesados rever su manera de gastar con el implícito de la existencia una gestión poco rígida y de gastos injustificados sin excluir favoritismos y corrupción. El precedente de la manera en que algunas de las grandes universidades participaron al desvió organizado de miles de millones de pesos de fondos en favor de ministros y responsables del PRI abogo en favor de la austeridad. El problema es que, si bien los abusos y corrupción seguro existen, la “rasurada” del presupuesto siempre tiene el riesgo de que paguen algunos santos por pecadores. Por ejemplo, la reducción de 75% del presupuesto dedicado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aunado a la desaparición decidida por el gobierno de fideicomisos dedicados al financiamiento proyectos a largo plazo ha creado malestar e incomprensión en el medio científico sobre todo en el momento en que la pandemia requiere un reforzamiento del trabajo científico. La desaparición de fideicomisos no toca solo a la Ciencia sino a otros dominios como la Cultura, el Cine. El gobierno decidió, como una de las medidas para enfrentarse a la crisis resultante de la pandemia su extinción y la integración de los fondos a la Tesorería de la Federación La Secretaria de la Función Pública considero que “en el pasado régimen dichos fideicomisos anidaron corrupción y fueron usados para esconder cuantiosos recursos públicos”.
Otro aspecto de la “austeridad republicana” es una redefinición de prioridades del presupuesto que ahora se concentra en un gran número de programas sociales y proyectos para el desarrollo de las infraestructuras. Por ejemplo, el presupuesto la Secretaría (ministerio) del Trabajo y de la Previsión Social aumento en 2019 de 320% y la del Bienestar que se encarga de los programas sociales aumento 29%. La Seguridad Social aumento de 6,7% y el de la Defensa 10,6%.
En cambio, los presupuestos de otras Secretarías disminuyeron de manera drástica: Turismo -74%, Gobernación (Interior) -34,8%, Relaciones Exteriores -30%, Agricultura -33,8%, Función Pública -37,6%. El presupuesto de la Presidencia misma perdió 84% de su presupuesto.
Estas reducciones del presupuesto conciernen en buena parte el funcionamiento de los ministerios. Por ejemplo, el de Relaciones Exteriores ha visto sus viajes y gastos de funcionamiento de las embajadas disminuir concentrándose en lo esencial. El de la Agricultura disminuye pero los apoyos y ayudas han sido reorientadas en dirección de los pequeños productores y comunidades mientras que los grandes productores deberán valerse por si mismos.
Al mismo tiempo la política presupuestaria sigue una línea ortodoxa en el sentido de que el gobierno vigila de cerca su nivel de endeudamiento, la inflación, déficits y busca un superávit. Seguramente esto tranquiliza a los “mercados”, bolsas e inversionistas. Al mismo tiempo AMLO defiende la idea de la salida del neoliberalismo y de hecho ha chocado con algunos de los miembros de su gabinete. Carlos Urzua, el Secretario de Hacienda tuvo que renunciar por sus desacuerdos con el presidente que califico sus propuestas de neoliberales.
Las políticas sociales y grandes proyectos
Algunos críticos han tildado las políticas sociales de Lopez Obrador de asistencialistas y de ser costosas. En realidad, hay una gran coherencia entre estas, los grandes proyectos de infraestructuras y los objetivos de lucha contra la inseguridad. Se trata de una visión integral que seguramente tardara en dejar ver sus resultados por que se tratan de proyectos que rendirán frutos a medio y largo plazo. Se trata de proyectos para combatir la pobreza, favorecer la creación de empleos y dar una formación a los jóvenes.
Las grandes prioridades del nuevo gobierno se concentran en 30 programas sociales y una serie de grandes proyectos de infraestructuras: Pensión universal para adultos mayores, pensiones para discapacitados, 10,5 millones de becas para el acceso a la educación a todos los niveles , creación de un sistema de salud universal al que tienen acceso quienes carecen de seguridad social (trabajadores en el sector informal por ejemplo), 230 mil empleos han sido creados con el programa de siembra de millones de árboles, frutales y maderables, construcción de 100 universidades, becas para madres trabajadoras, 750 jóvenes han integrado el programa de aprendices en las empresas con el objetivo de formarlos y emplearlos, ayuda directa a las familias que participan en la gestión del mantenimiento de las escuelas, 356 mil créditos para pequeños negocios, ayudas directas, fertilizantes y precios de garantía para pequeños agricultores, apoyos a la pesca….. la lista es larga.
Las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes de pocos recursos y las destinadas para las personas discapacitadas así que el sistema de salud universal han sido inscritos en la constitución.
Los apoyos y ayudas sociales no pasan más por los intermediarios del poder que servían a constituir redes clientelares. Ahora se entregan directamente a los derechos habientes por medio del recién creado Banco del Bienestar que es el primer dispersor de recursos y programas sociales, pero también a través de sus cuentas del Instituto Mexicano del Seguro Social o de sus tarjetas de crédito cuando ya las tenían. Las personas que no tienen cuenta bancaria o que por alguna razón no pueden acceder a las sucursales del Banco del bienestar pueden hacer lo por medio del Banco Azteca
Grandes proyectos de infraestructura
Al mismo tiempo el Plan Nacional de Desarrollo que hizo parte del programa electoral de AMLO se materializa en la realización de grandes proyectos de infraestructura que crearán empleos y que deberán integrar las regiones más pobres de la república en la economía y el desarrollo del país
Construcción de un nuevo aeropuerto internacional, Inversión en el desarrollo de PEMEX con el objetivo de darle a México una autonomía energética. El pillaje de la compañía de petróleos tuvo entre otras consecuencias el hecho de que este país productor de petróleo importaba hasta 60% de la gasolina y combustibles consumidos. Seis refinerías dejadas al abandono serán rehabilitadas y dos más construidas que producirán y dos más entre 600 mil y 700 mil barriles de crudo por día. De la misma manera la CFE, la compañía federal de Electricidad recibe ahora los medios necesarios para su desarrollo que permitirá llevar la energía eléctrica a las zonas más desfavorecidas.
En el sur del país, donde vive la población más pobre de México, se ha echado a andar el proyecto Tren Maya que deberá favorecer el turismo y la creación de empleos y un Corredor interoceánico que unirá la costa del Golfo de México al Océano Pacifico por el que podrían pasar 30% de las mercancías que actualmente son transportadas por el Canal de Panamá así que una parte importante de las mercancías que pasan por Vancouver, San Diego o Los Angeles. Este corredor de 300 kilómetros implica la construcción o modernización de rutas y ferrocarriles y podrá crear 550 mil empleos no solo por los trabajos de construcción y transportes sino con la implantación de industrias como la aeroespacial y automotriz.
Estos grandes proyectos han despertado la oposición de medio ambientalistas y de la Convención Nacional Indígena y de otras organizaciones indígenas presentes en el sur de México como el EZLN. Estas organizaciones ven en estos proyectos una manera de consolidar una visión neoliberal de la propiedad de la tierra y critican la falta de concertación con las comunidades indígenas. El gobierno por su lado alega que si hubo concertación, que las comunidades indígenas hacen parte de las prioridades sociales del gobierno y que los proyectos crearán empleos y servirán para desenclavar a las regiones más pobres del país.
Esta polémica sobre la consulta de la población ya había tenido lugar cuando el gobierno detuvo la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. El gobierno, que había propuesto la anulación del proyecto lanzado por el gobierno de Enrique Peña Nieto por las irregularidades en la licitación de los mercados públicos y por que atentaba contra el medio ambiente del Lago de Texcoco y proponía la construcción de un nuevo aeropuerto en otro lugar y con nuevas licitaciones, había organizado una consulta que apoyo las decisiones del nuevo gobierno. Quienes defendían el proyecto de Peña Nieto criticaron la organización de la consulta por que consideraron la participación como poco representativa de la opinión del país. De la misma manera quienes se oponen a la realización de las grandes infraestructuras hacen las mismas criticas a la consulta realizada en el sur del país. Ciertamente en los dos casos las consultas se realizaron de manera apresurada y poco organizada más por la prisa que tiene el gobierno de echar a andar los proyectos que por una voluntad de ignorar a la voluntad popular. De hecho, estos proyectos hacen parte del mandato por el que votaron los mexicanos, mandato que se limitara a los seis años previstos por la constitución sin posibilidad de reelección para el presidente de la República. Andrés Manuel Lopez Obrador sabe que el tiempo es corto y que tiene que proceder con rapidez en la implementación de su política si quiere dejar su proyecto de transformación consolidado antes del fin de su mandato de seis años sin reelección.
Salario mínimo, Democracia sindical, derechos laborales
A la par de estos grandes proyectos el gobierno de Lopez Obrador el salario mínimo fue aumentado de 20%, el alza más importante en 40 años. La nueva Ley Federal del Trabajo impone la democratización de los sindicatos con la posibilidad para los trabajadores de crear sus propios sindicatos, elegir sus direcciones con voto secreto sin la obligación de afiliarse a los sindicatos existentes creados por el PRI que se ilustraron por su corrupción y arreglos con los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores. Las convenciones colectivas serán la regla y no la excepción y la subcontratación (outsourcing) será regulada prohibiendo su uso con el fin de despojar a los trabajadores de sus derechos y limitada a los casos en que sea necesario el recurso a trabajadores especializados. Esta cuestión del outsourcing es un motivo de desacuerdos entre la Secretaría del Trabajo que defiende su regulación y algunos diputados que quisieran que sea considerada completamente ilegal y que la ley sea aplicada con retroactividad permitiendo la recuperación de los derechos y salarios de quienes ya trabajan en este marco de subcontratación.
La reforma de la Educación que el gobierno de Peña Nieto había hecho votar fue abrogada y remplazada por una nueva, después de una negociación veces difícil con la Coordinadora nacional de trabajadores de la Educación y con el Sindicato nacional de trabajadores de la Educación. Esta abrogación es una victoria contra una ley de inspiración neoliberal que movilizo en una larga lucha a los maestros de escuela. Pero aún no ha sido cumplida la promesa del gobierno de reinstalar a los maestros cesados por su acción en represalia por el gobierno anterior ni se ha hecho lo necesario para aumentar el nivel de vida del personal docente.
2. Resistencias institucionales, políticas y patronales
Además de los desacuerdos que pueden aparecer entre el gobierno y algunos de los militantes, diputados o senadores de la mayoría MORENA-PT, muchas han sido las resistencias a las políticas del nuevo gobierno provenientes de varios sectores como son los casos del Tren Maya y del Corredor Interoceánico mencionado antes. También la “austeridad republicana a despertado protestas e inconformidades en la Enseñanza superior y de la parte de algunos investigadores y científicos así que en el sector de la Cultura que han visto una parte de sus recursos disminuir. Esta inconformidad es el resultado de una baja real en el presupuesto de las universidades que ya de por si se encontraban en una situación dramática. Visto desde el punto de vista gubernamental las universidades también han funcionado durante años con una gestión no siempre transparente, con favoritismos y desvíos de fondos. El presupuesto universitario pues, al no aumentar y tomando en cuenta la inflación más los déficits existentes disminuyen de hecho. Esta misma situación es la de la Cultura que además de ver sus presupuestos congelados tras muchos años de olvido de la parte de los gobiernos precedentes se encontraron con una reducción real de 26% de sus recursos.
Los sindicatos de los profesores, el Sindicato nacional de trabajadores de la Educación de origen priista y su disidencia de izquierda, la Coordinadora nacional de trabajadores de la Educación que se opusieron a la reforma de la Educación votada en tiempos de Enrique Peña Nieto continuaron a pelear por su abrogación completa. Después de largas negociaciones una nueva ley fue adoptada y aceptada por los sindicatos. De hecho, algunos representantes de la CNTE fueron electos a la Cámara de diputados en 2018 en las listas de MORENA.
El combate contra el robo masivo de combustibles puso al descubierto un negocio que asociaba a autoridades locales, responsables de la compañía nacional PEMEX, policías y organizaciones criminales.
Esta actividad llamada “huachicoleo” u “ordeña” consiste en el robo de gasolina y diésel directamente de los oleoductos que recorren algunas regiones del país o desde los almacenes de PEMEX y su costo se eleva a 3 mil millones de dólares, es decir una fortuna cuya perdida debilitaba aún más a PEMEX. Según el presidente Lopez Obrador esta actividad ha sido reducida de 95%. Se trata de una victoria de una gran importancia ya que a finales de 2018 había 12,500 tomas clandestinas de combustibles donde se robaban 15 millones de litros diarios.
Un empresariado que ocupa el vacío político que dejo la oposición
Las resistencias más fuertes son las que opone el empresariado que en los viejos tiempos fueron parte de lo que Lopez Obrador llamo “la mafia del poder” que asociaba poder económico y poder político, favoritismos, corrupción, impunidad… Hoy, los grandes empresarios muestran que no solo no se han resignado al cambio de régimen, sino que siguen organizándose para hacer debilitar y hacer caer al gobierno antes del fin del sexenio. Las organizaciones empresariales están ocupando el vacío que se creó con la derrota aplastante que sufrieron los partidos tradicionales PRI y PAN y el mismo PRD que no se ha alejado de sus alianzas con la derecha más rancia.
Es importante subrayar que con el tiempo una parte importante por su peso económico se ha acercado del nuevo gobierno por las razones que serán descritas más abajo.
Durante la campaña para las elecciones presidenciales las organizaciones patronales mexicanas pero también algunos representantes del capital extranjero, como fue el caso del presidente de BBVA, se implicaron activamente en una tentativa para impedir la elección de Lopez Obrador. Esta ofensiva incluyo una campaña mediática que asociaba al candidato de MORENA a la violencia, al chavismo, al castrismo, al retorno a los años del “desarrollismo” culpable según ellos de la crisis de la deuda. Una vez electo Lopez Obrador, las organizaciones patronales, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Confederación patronal de la República mexicana (COPARMEX), Cámara nacional de la Industria de la transformación (CANACINTRA) y otras menores tuvieron que aceptar la evidencia del apoyo popular masivo al nuevo presidente pero nunca perdieron su combatividad y respondieron golpe por golpe a las medidas que el nuevo gobierno implemento.
La anulación del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el que habían invertido miles de millones de dólares dio lugar a una campaña de rechazo que trato de movilizar a la sociedad mexicana. Lopez Obrador respondió denunciando la entrega de este mega-proyecto a ciertos inversionistas gracias a criterios de proximidad política y amiguismos. Propuso una consulta de la población de la región que apoyo su decisión. Esta consulta dio lugar a una batalla masen la que el empresariado alegaba que no se podía consultar a una ciudadanía sin conocimientos técnicos para decidir. Finalmente, el gobierno impuso su decisión y los inversionistas fueron indemnizados por el gobierno y un nuevo proyecto de aeropuerto internacional está siendo construido por el ejército mexicano en los terrenos de lo que fue una base militar a 45 kilómetros de la Ciudad de México asociando a algunos de los capitales asociados al proyecto de Peña Nieto.
Las políticas de “austeridad republicana” del nuevo gobierno impusieron el abandono de muchos otros de los proyectos entregados a la iniciativa privada por Peña Nieto pusieron a las organizaciones patronales como leche a punto de hervir, enojo que aumento con el combate decidido contra la evasión fiscal que el gobierno lleva a cabo con buenos resultados además de su decisión de parar las viejas prácticas de la condonación de las deudas al fisco de las grandes empresas. El empresariado denuncio la nueva política de “terrorismo fiscal” y alego la perdida de “confianza” de los empresarios y el clima de “incertitud” que creaba el gobierno que desmotivaban la inversión.
La recuperación del dinero desviado por la corrupción y recuperado gracias a la lucha contra el fraude fiscal deberían bastar, según el presidente Lopez Obrador, para financiar una buena parte de la transformación de México. El monto que este dinero representa es enorme: la corrupción cuesta 20 000 millones de euros y según un listado oficial de 15 grandes contribuyentes que deben al Servicio de Administración Tributaria (SAT) —entre adeudos, multas y recargos— un total de 2000 millones de euros millones de pesos.
Otro motivo de enojo para el patronato ha sido la política energética del gobierno que ha detenido la privatización de PEMEX y de la Compañía Federal de Electricidad. La reforma energética votada por el gobierno de Enrique Peña Nieto no fue abrogada por el nuevo gobierno y los contratos y licitaciones que habían sido firmadas con capitales privados han sido respetadas, aunque ninguna nueva concesión ha sido ni será entregada al capital privado. PEMEX y la CFE son dos pilares prioritarios del plan de desarrollo del gobierno actual. El objetivo es no solo detener el desmantelamiento que acompañaba su privatización sino el hacer de México un país que produzca sus propios combustibles y energía. Las políticas de abandono en las que se encontraban tuvieron como consecuencia que este país productor de petróleo tiene que importar 60% de los combustibles consumidos.
Este mes de mayo, como consecuencia de la disminución del consumo de energía eléctrica debido a la pandemia del COVIDE 19, se dio a conocer un “Acuerdo para garantizar la eficiencia, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional” que entre otras medidas suspende todas las operaciones realizadas por inversionistas privados en instalaciones eólicas y fotovoltaicas. La reacción de las cámaras patronales de la industria y los representantes de la Unión europea, de Canadá y de los Estados Unidos fue inmediata condenando la decisión gubernamental. Esta decisión implica que el gobierno se niega a cargar con los costos que implica esta actividad para la CFE quien se ve obligada a comprar la electricidad producida por el sector privado realizando además fuertes inversiones para apoyarla. El enfrentamiento no tiene nada de anecdótico; Se trata de una confrontación con los grandes capitales que estaban participando al desmantelamiento del sector público de la energía y a su privatización amparándose en la ley energética votada en tiempos de Peña Nieto. Lopez Obrador acuso directamente a las compañías extranjeras, entre ellas a Iberdrola, de llevar a cabo el saqueo del país. Además del apoyo patronal, las compañías recibieron el apoyo de siete gobernadores pertenecientes a la oposición PRI, PAN y PRD, apoyo que politiza el enfrentamiento y lo inscribe en una confrontación entre el proyecto de transformación de Lopez Obrador y las fuerzas que luchan por retornar al poder.
Las políticas de acceso para todos a la salud y a medicamentos gratuitos revelaron las complicidades entre las administraciones corruptas de algunos centros de salud y hospitales con las compañías distribuidoras de fármacos. Cuatro compañías servían de intermediarios monopolizando la venta de medicamentos en beneficio de 10 grandes farmacéuticas internacionales dejando de lado a las 1500 compañías que producen en México. Dos de estas distribuidoras controlaban ellas solas 40% de la distribución de medicamentos.
Estos contratos fueron anulados y el gobierno estableció relaciones directas con las empresas productoras de fármacos para abastecer los centros de salud. Se dio entonces una escasez de medicamentos organizada por las compañías afectadas y las direcciones de hospitales, escasez que se vio sin duda también acentuada como efecto de la reorganización del sistema de salud. Esta escasez fue también un pretexto más para que la oposición atacara al gobierno que “ponía en peligro la vida de los pacientes”.
La ausencia de inversiones en el primer año de gobierno de Lopez Obrador puede ser interpretada como la primera respuesta del patronato a su elección. En este primer año la economía no creció y la creación de empleos situación que aprovecho la derecha para denunciar “la incompetencia” del gobierno. El problema es que en este contexto las políticas de apoyo a los más pobres, a los ancianos y a los jóvenes tampoco se tradujeron en una redinamización de la economía. Al mismo tiempo, a pesar de los golpes recibidos y de los gritos de alarma, las clases dominantes han podido sacar beneficios de la estabilidad del valor del peso y en el fondo valora positivamente las políticas de austeridad que reduce los costos del funcionamiento del aparato estatal y el control de la inflación. Por su lado Lopez Obrador no dejo de criticar y denunciar a la “mafia del poder” respondiendo a sus ataques sin dejarse intimidar. Constatando los pocos resultados económicos del primer año de gobierno adoptó una actitud más conciliante hacia el empresariado cuyas inversiones representan 75% del PIB.
Utilizando los buenos oficios del Jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo y gran empresario de la agro-industria, Lopez Obrador organizo un acercamiento con el sector empresarial, hubo encuentros de alto nivel y fue creada una mesa de negociación con las empresas con quien existían conflictos importantes. Limo asperezas con Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, y principal inversionista del proyecto rechazado de construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Su discurso se hizo más conciliante. “No tenemos ninguna diferencia, ningún problema con el sector empresarial, al contrario hemos procurado tener muy buenas relaciones y agradezco mucho que los representantes de los empresarios están actuando con mucha responsabilidad” afirmó en agosto de 2019.
Haciéndole eco Carlos Slim anuncio su apoyo en noviembre del mismo año, aprobó su estrategia y explico por que un primer año de mandato de sexenio no era preocupante puesto que el gobierno “ha tomado una política de eliminar gastos excesivos y un plan de austeridad, se ha disminuido la alta burocracia y el hecho es que pasamos a tener un gobierno más sobrio y más austero”. En diciembre de 2019 Carlos Slim elogio de nuevo las políticas de Lopez Obrador que “han mantenido una disciplina fiscal, evito aumentar el costo de la deuda pública, disminuyo la inflación y a ha procurado aumentar el salario mínimo. En esta misma ocasión Slim presento a pedido de Lopez Obrador el “Acuerdo Nacional de Inversión e Infraestructura” que sienta las bases de una nueva colaboración entre el gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial que reúne a siete grandes organizaciones patronales.
Este acuerdo prevé una inversión en infraestructuras equivalente a 5% del PIB. En tres años se llevarán a cabo 147 proyectos impulsados por les capitales privados con apoyo del gobierno en logística, manufacturas, energía y turismo. Estas inversiones representan 45 000 millones de dólares y conciernen directamente la región sur donde se localiza el Proyecto Tren Maya y el desarrollo de las telecomunicaciones, gaseoductos, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, energía, turismo y salud que se llevaran a cabo sin endeudamiento del país.
Lo que parecía ser el principio de un nuevo pacto entre la “Cuarta transformación” y el patronato ha estado a punto de descarrilarse en varias ocasiones. Los dirigentes de la CCE regresaron a sus quejas habituales a principios de 2020 y el plan que Lopez Obrador anuncio para enfrentar la crisis económica que se venía con la crisis sanitaria del COVIDE 19 provoco nuevos distanciamientos con el gobierno.
Covide 19, estrategia para una crisis económica y sanitaria y organización de la oposición
En un país donde la mitad de la población vive en la pobreza y donde el sistema de salud se ha ido degradando durante los 40 años de neoliberalismo, las consecuencias de la pandemia del COVIDE 19 podría tener muy graves consecuencias. Mas todavía sobre esa mitad de la población que vive de la economía informal y que tiene que salir a trabajar cada día para poder mantener a sus familias. Hay todavía zonas del país donde el acceso al agua es difícil o casi imposible y donde las condiciones de higiene son más que precarias. El hambre empieza a aparecer en algunas zonas del país y se ven aparecer asociaciones ciudadanas que aportan alimentos y apoyos. Algunos grupos de la oposición se han integrado en esta ayuda y hacen trabajo político socavando los apoyos de los más pobres al presidente Lopez Obrador.
La manera en que el gobierno mexicano ha enfrentado la pandemia fue desde el principio atacada por la derecha. Ciertamente Lopez Obrador se mostró varias veces torpe y mal informado sobre la importancia de esta pandemia. Marco a la opinión publica la manera en que respondió a las preguntas de la prensa que lo cuestionaban sobre la manera en que proseguía sus giras por provincia abrazando y besando a sus partidarios y a sus hijos. Lopez Obrador ingenuamente mostró frente a las cámaras el escapulario y los amuletos que tal o tal admirador le había regalado. El episodio puede parecer sin importancia, pero sin duda le costó en credibilidad al presidente frente a una parte de la población consciente de la importancia del problema y de la necesidad de un comportamiento ejemplar de la parte del presidente de la república.
En el momento en que la crisis sanitaria se profilaba seriamente Lopez Obrador, seguramente bien aconsejado por su equipo y por el Subsecretario de Prevención y promoción de la Salud Hugo Lopez-Gatte adoptó una actitud diferente más pedagógica y sobre todo se tomaron una serie de medidas para movilizar al sector de la salud, medidas para enfrentar la crisis económica y medidas para amortiguar los efectos que podía tener sobre la población más pobre. Para Lopez Obrador el “coronavirus vino a precipitar la crisis del neoliberalismo”. Mas de cuarenta años de neoliberalismo ha dejado un sistema de salud muy golpeado por el abandono, la disminución de recursos y la corrupción.
Las previsiones de la disminución drástica de la actividad económica del país mostraron una caída de al menos 4% del PIB, algunas previsiones llegaron a hablar de 8% o más. El gobierno pidió a las empresas que empleos y salarios fueran mantenidos a pesar del confinamiento y de la disminución de la actividad. Aunque solo se permitió que funcionen las empresas indispensables un cierto número de entre ellas, 15% según la Secretaría del Trabajo, no respetaron la consigna y obligaron a sus trabajadores presentarse a la empresa. En las empresas maquiladoras situadas en la zona fronteriza se dio un gran número de casos y muertes a causa del COVIDE 19.
La mayor parte de las medidas que se tomaron fueron destinadas a proteger a los más pobres dando la prioridad a los programas sociales y a los grandes proyectos de infraestructura, en particular el nuevo Aeropuerto internacional, la construcción de refinerías y el Tren Maya, proyectos que permitirán la creación de un gran número de empleos y que son pilares del plan del desarrollo a mediano y largo plazo del país.
El gobierno adelanto el pago de cuatro meses de las pensiones para los adultos mayores y las de los niños y niñas discapacitadas, se pusieron a la disposición de los pequeños negocios 450 mil créditos además de los 356 mil ya existentes, se aumentó de 200 mil el número de empleos del programa “Sembrando vida” y además de los precios de garantías del maíz, arroz, trigo, frijol y leche se extendió el programa de apoyo para los campesinos. Se aumentaron los recursos destinados al acceso al agua potable, saneamiento y drenaje y 50 mil viviendas más han sido programadas en en las zonas marginadas de 51 municipios.
En el sector de la salud se acabaron de construir 72 hospitales que el gobierno anterior había dejado al abandono y se contrataron 45 médicos y enfermeras y enfermeras. El Ejército y la Marina nacional con sus hospitales, hospitales de campaña y personal médico hacen parte del dispositivo frente a la pandemia.
Al mismo tiempo se eliminaron diez subsecretarias aseguran la reubicación y el salario de los funcionarios públicos, el salario de los altos funcionarios fue reducido de 25%.
La oposición y las organizaciones patronales reaccionaron con fuerza cuando se le dio al presidente de la república la posibilidad de proceder por decreto para modificar la ley de presupuesto, decisión que sirvió de pretexto para lanzar una campaña que denuncia el acaparamiento de todos los poderes por Lopez Obrador. De nuevo se volvió a ver resurgir las acusaciones que el presidente está “llevando al país al comunismo” y sus “tentaciones autoritarias”.
Las organizaciones patronales exigieron entonces apoyos del gobierno para las empresas, una moratoria del pago de sus impuestos y el recurso al endeudamiento. Una paradoja de la parte de quienes se opusieron siempre a los subsidios y apoyos gubernamentales. La respuesta de Lopez Obrador fue un rotundo rechazo a toda posibilidad de un nuevo endeudamiento del país y a la condonación de las deudas de las empresas al fisco. Rechazo también la proposición de una moratoria al pago de impuestos de las empresas. AL contrario, Lopez Obrador recordó como después de la crisis financiera de 1994 los bancos fueron rescatados gracias al “Fondo de Protección del Ahorro” (FOBAPROA) que significo el endeudamiento masivo del país: 20 mil millones de pesos hace veinte años y 1000 millones en intereses. El rescate bancario costo el equivalente de 14% del PIB. Los mexicanos siguen pagando esta deuda y seguirán según las previsiones hasta al menos el 2070.
“Por mantener la confianza en el país – declaro el presidente recientemente – para no provocar una crisis, para respetar acuerdos, decidimos seguir pagando los intereses de esa deuda… yo que estuve siempre contra el Fobaproa. Me toca enviar desde el año pasado el presupuesto a la Cámara y tengo que contemplar 40 mil millones de pesos (2 mil millones de dólares) de intereses por un año; no vamos a seguir con eso”
“No podemos darle un trato preferencial a quienes tienen una posibilidad económica habiendo en México tanta pobreza” declaro Lopez Obrador y exigió el pago de impuestos tan necesarios precisamente para enfrentar la crisis así que el pago de las cantidades debidas por evasión fiscal.
A pesar de las medidas implementadas las insuficiencias del sistema de salud aparecen, sobre todo la falta de equipo de protección para el personal médico. 11 394 trabajadores de la salud infectados de los cuales 149 murieron (21% del total de afectados en el país) por falta de equipos de protección. El gobierno se movilizo para importar 2000 respiradores desde Estados Unidos y el Consejo nacional de Ciencia y Tecnología anuncio que se fabricarían 500 respiradores por semana a partir del mes de mayo. Un puente aéreo fue establecido entre China y México por el que han llegado ya 10 vuelos con materiales y 590 médicos cubanos se han desplegado en el país para apoyar a los médicos mexicanos.
El 31 de mayo había 9930 personas fallecidas en todo el país, las regiones más golpeadas son la Ciudad de México y la zona metropolitana y Baja California. Un estudio de la Universidad Nacional indica que podría llegarse a más de 37 mil muertes en octubre.
Después de haber tratado de apoyarse sobre las declaraciones poco oportunas del presidente Lopez Obrador, la oposición y los medias que le son afines han tratado de hacerse tambalear al Sub-Secretario de la Salud Hugo Lopez-Gattel primero acusándolo de incompetencia, después poniendo en duda su estrategia para enfrentar al virus y después acusándolo de ocultar el número real de contagiados y muertes. Se ha llegado a veces al extremo en que cotidianos del estado de Chihuahua publicaron en primera plana fotos de cadáveres empilados en bolsas negras. Estas fotos resultaron fotos tomadas en Ecuador.
Lo que más podría dañar la buena imagen del gobierno son las acusaciones de corrupción. La campaña de prensa de descrédito seguramente ha ya hecho mella en la opinión pública con la acusación lanzada por una diputada del PAN contra el hijo del Director de la CFE Manuel Bartlett que habría vendido 20 ventiladores al Instituto del Seguro Social a precios sobre facturados y de haber recibido 11 contratos sin licitación oficial. La Secretaria de Energía también es el blanco de ataques. Según el periódico “Reforma” amigos y “compadres” de la Secretaría habrían obtenido contratos para el acondicionamiento de los terrenos dedicados a la construcción de la refinería de Dos Bocas, uno de los grandes proyectos lanzados por Lopez Obrador. En los dos casos el presidente a defendido la integridad de sus ministros pero la duda se ha instalado gracias a estas campañas. Los antecedentes de Manuel Bartlett no juegan en su favor: fue Secretario de Gobernación en tiempos del presidente de la Madrid y Secretario de la Educación en tiempos de Salinas de Gortari antes de abandonar el PRI y pasar a la oposición apoyando la candidatura a la presidencia de Lopez Obrador en 2006.
La oposición ha visto en esta coyuntura la posibilidad de organizarse. Los partidos políticos no aparecen directamente al frente de esta movilización, sino que dejan el protagonismo a organizaciones que pueden reclamarse de la sociedad civil. Algunos como el grupo FRENA (Frente nacional anti-AMLO) integrado por una derecha muy extrema ligada a sectores empresariales del norte del país y reclaman la renuncia del presidente y han organizado 41 caravanas que desfilaran en carros en diferentes puntos del país. Este grupo esta desde ahora empezando su campaña para ganar la consulta revocatoria prevista para marzo del 2022
Otros, como algunos intelectuales y académicos que siguen siendo fieles al antiguo poder se organizan con la perspectiva de las próximas elecciones parciales del 2021 (legislativas y gobernadores). Esta oposición hace campaña afirmando que Lopez Obrador está concentrando demasiado poder, más del que la Constitución atribuye al presidente de la república y su gestión de la crisis sanitaria del COVIDE 19 “es criminal. Aprovechando las dificultades del sector d la salud, el miedo y la incertidumbre en el país estos personajes participan a la campaña que busca anclar una imagen de ineptitud, incompetencia e irresponsabilidad de Lopez Obrador y de su gobierno
Entre ellos se encuentran a Héctor Aguilar Camin cercano del PRI y al historiador Enrique Krauze también cercano de la derecha panista. Para Aguilar Camin, el presidente está llevando adelante una revolución “que quiere borrarlo todo y empezar de nuevo”. Según él la revocación de mandato no puede ser ganada pero las elecciones del 21 pueden debilitar al gobierno preparando así una victoria en las presidenciales del 2022. Su cálculo no es tan erróneo. De hecho, la manera los conflictos y enfrentamientos que se están dando en MORENA pueden ser determinantes. Dedicado a sus propias rencillas ele movimiento está abandonando la presencia sobre el terreno sin organización de sus bases ni presencia de un discurso que politice a la ciudadanía.
3. Conclusión
Seguido se trata de catalogar a Andrés Manuel Lopez Obrador y su política. ¿Es de izquierda? ¿Es populista? ¿Es un priista en el fondo? Para responder hay que tomar en cuenta lo que el político hizo y dijo para llegar a la presidencia de la república y lo que el presidente electo dice y hace. Tomando en cuenta esto se podría decir que Lopez Obrador es un liberal progresista como lo fueron Benito Juárez, Ignacio Madero y Venustiano Carranza. Un liberalismo que defiende un estado fuerte, que se apega a la democracia y al derecho y que tiene una orientación social fuerte. De ahí la prioridad dada a la lucha contra la pobreza, “Primero los pobres” es su lema, en un marco en el que el estado juega todo su papel rector. Lopez Obrador tiene tendencia aparecer moralizador con sus llamados a fortalecer la familia garantía de solidaridad y con su manera de exigir honradez de la parte de los funcionarios del estado. Lopez Obrador considera al pueblo “sabio”, que “nunca se equivoca” pero contrariamente al presidente Lazaro Cardenas no llama a la organización de los trabajadores. Prefiere llamar a la responsabilidad de cada quien y es así que individualiza los beneficios de los programas sociales. Al mismo tiempo, después de haber atacado a los grandes empresarios, parte de la “mafia del poder”, supo que tendría que contar con ellos y con sus recursos para hacer funcionar la economía. Acepto no renacionalizar PEMEX y la CFE pero detuvo la privatización y la atribución de contratos respetando los ya firmados. El empresariado juega el juego para no quedarse fuera de la realización de grandes obras donde están participando capitales extranjeros como la paraestatal china China Comunications Construction Company y China Railway Construction Corporation pero no le enfadaría ver a Lopez Obrador perder la mayoría en el 2021 o verlo perder la consulta revocatoria del 2022.
El pueblo mexicano voto masivamente por Andrés Manuel Lopez Obrador para poder por fin acabar con el régimen de corrupción, abusos e impunidad. El presidente ha puesto en marcha una serie de cambios con el objetivo de desmantelar las instituciones del régimen priista y para hacerlo ha tenido que proceder de una manera que parece drástica. Al desmantelamiento no le sigue siempre al mismo ritmo la creación de nuevas instituciones y pueden parecer fallas y malos funcionamientos y las críticas no faltan. Aun así, las encuestas muestran que la confianza en el presidente Lopez Obrador sigue siendo mayoritaria. Seguramente lo que podría mermar esta confianza son los posibles casos de corrupción que aparecieran en el seno de su gobierno. Por ejemplo, la atribución de algunas grandes obras públicas ha sido cuestionada por la prensa sin que hasta ahora se haya probada la violación a la ley. Ha habido casos como el de la “invitación directa” que el gobierno hizo al Banco Azteca para que emitiera “tarjetas del bienestar” donde se depositan apoyos para los beneficiarios de los programas sociales. El problema es que este banco obtuvo esta emisión “por invitación directa” de las autoridades y sin licitaciones la propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país y uno de los empresarios que apoyaron al candidato Lopez Obrador. El argumento que se hizo valer es que Banco Azteca es el único banco comercial que tiene presencia en todo el país y la Secretaria de Hacienda explico que “no hubo licitación porque los contratos de servicios financieros no están sujetos a la ley de adquisiciones por ser contratos mercantiles”. El acto pues, es legal pero la proximidad de Salinas Pliego con Lopez Obrador suscita sospechas en una ciudadanía que aprendió a desconfiarse de toda cercanía entre poder político y poder económico.
Las movilizaciones del 31 de mayo pasado del Grupo FRENA fueron débiles y solo reunieron algunas centenas de personas que desfilaron en sus coches en diferentes ciudades del país. La manifestación demostró la debilidad de esta oposición extrema que pide la renuncia de Lopez Obrador. El resto de la oposición espera su hora preparando las elecciones parciales de 2021 que renovarán la Cámara de Diputados, en 15 estados se elegirán gobernadores, se elegirán también nuevos Congresos locales y algunos ayuntamientos. Esta elección tendrá un carácter nacional y será la primera prueba de fuego para las fuerzas de la 4° Transformación que se juegan la mayoría.
La manera en que el gobierno conducirá la salida de la pandemia del COVIDE 19 y la eficacia con la que enfrentara la crisis económica que se perfila serán decisivas en estas elecciones. También contara el nivel de inseguridad y de violencia en el país. Por el momento una de las pocas encuestas publicadas da a MORENA 18 % de las preferencias electorales (tenia 46% en 2019), el PAN 10% y el PRI 10% los indecisos representan 60%
Obey Ament
Junio 2020
